Carta al ex Presidente Nestor Kirchner denunciando el genocidio tucumano y despojo a la familia García Fernández
Excelentísimo Señor Presidente de la Nación
S/D.-
Mi nombre es Manuel García Fernández, tengo 32 años y ejerzo como abogado en la provincia de Tucumán de donde soy oriundo.
Me dirijo a Usted, para ponerlo en conocimiento de la grave injusticia que se cometió y se sigue cometiendo contra mi familia.
Mi bisabuelo Manuel García Fernández fue un inmigrante asturiano que junto a su hermano José fundaron en Tucumán el ingenio azucarero Bella Vista (1882). Desde sus humildes comienzos se preocuparon por el mejoramiento no solo de la industria sino de la condición de sus obreros y tanto es así que en 1921 gracias a la donación que mi bisabuelo y su familia hicieran a la Orden Salesiana, se construyó el monumental colegio “Tulio”, baluarte educativo de nuestra provincia.
Mi abuelo el ingeniero Manuel García Fernández siguió propagando ese capitalismo solidario tanto es así que no solo nuestro país sino España se vio beneficiada por sus donaciones a los mas necesitados.
En el año 1965 bajo el gobierno del Dr. Illia, mi familia tuvo que malvender el 75% del paquete accionario del Ingenio por el ahogo financiero al que se nos sometió. Se nos privó de 718.000.000 pesos m/n que por ley[1] le correspondían a nuestra firma y a los cuatro meses el mismo gobierno por una intervención entregó 1.400.000.000 pesos m/n (casi el doble) a los beneficiarios de nuestra ruina. Dicha ruina llegó también a nuestros obreros (1.176 estables hasta 1965), pues fueron echados unos 600 de golpe por la nueva conducción[2].
Todo esto fue por el solo hecho de negarnos a ser parte de un plan siniestro por el que al año siguiente (1966), el gobierno de facto de Ongania mandó cerrar 11 ingenios en Tucumán, con el consecuente genocidio económico o genoeconomicidio como prefiero llamarlo, que se produjo en Tucumán. Más de 200.000 comprovincianos y norteños tuvieron que marcharse en busca de trabajo, produciéndose un éxodo sin precedentes en nuestra historia.
Se nos discriminó por no querer colaborar con un plan genocida. Desde 1966 Tucumán nunca más volvió a levantar cabeza. Le adjunto un trabajo del Dr. Roberto Pucci donde se describe como operaba el grupo que cerraba ingenios inclusive antes del 66’.
Mi padre Agustín Manuel García Fernández que junto a mi abuelo denunció todo esto, sufrió la persecución de Ongania y salvó su vida gracias a la intervención del Dr. Celestino Gelsi ex gobernador de Tucumán. Le adjunto las dos solicitadas publicadas en los diarios de la época donde se explicaba el ahogo financiero a nuestra firma. Gelsi advirtió a mi padre Agustín que de sacar una solicitada más, los militares lo matarían, y que él había logrado tranquilizarlos diciéndoles que García Fernández se quedaría callado. Mi padre Agustín estuvo escondido 4 días en el departamento de Gelsi de la calle Uriburu y Arenales (Cap. Fed.) y en La Falda (Córdoba) durante 40 días, hasta que el Dr. Gelsi logró apaciguar a los golpistas y garantizar así la vida de mi padre a cambio de su silencio.
En 1975 el propio pueblo de Bella Vista envió un pedido de reparación para la familia del ingeniero García Fernández a la entonces Presidente de la Nación Sra. Estela Martínez de Perón a través del Gobernador de Tucumán Amado Juri. (Se adjunta entre otros documentos, telegrama del Señor Francisco Perdiguero Presidente de la comisión reparadora al mencionado gobernador). Lamentablemente en el 76’ vino el golpe de Estado y nuevamente se nos llamó al silencio junto a nuestro pueblo.
Inclusive hoy en día mi familia sigue engrosando a la lista de “malditas” que el establishment y la intelligentzia reinantes mantienen en contra de los que se atreven a denunciar todos estos crímenes. En 1992 se pagó la suma de 140.282.399 de pesos a los accionistas mayoritarios del ingenio (en liquidación), por un acuerdo transaccional del que mi padre tenedor del 1,34% del paquete accionario no fue parte, ya que decidió no hacer juicio al Estado a diferencia de la firma Gettas-Fiad y nuestros primos los Echayde- García Fernández.
En el propio juicio “Gettas” se dejó hecha la reserva para quien resultara ser tenedor del 1,34% restante, cosa que mi padre hizo presentándose y acreditando ser el dueño de ese porcentaje. Fue en vano, y hasta el día de hoy estamos reclamando ese justo pago con una increíble sentencia de primera instancia en contra que esperamos la Excelentísima Cámara Nacional revoque.
En realidad mi padre es tenedor de más del 1,34% ya que las acciones depositadas por él en el Banco Nación sucursal Tucumán representan mayor porcentaje según nuestros cálculos.
Nunca quisimos cometer cohecho para lograr recibir ese pago, y eso a diferencia de lo que se denuncia a la mayoría de los accionistas es lo que hizo evidentemente que no se nos pagara. Una vez más se nos castigaba por ser honestos y no querer corrompernos ante un gobierno como el que lideró Menen en los 90’.
Solo me queda acudir a Usted Señor Presidente para requerirle nos ayude, escuchándonos con la mayor atención y arbitrando todos los medios que estén a su alcance para que se nos repare moral y económicamente[3]. Hay como Usted dijo que reconstruir la Burguesía Nacional, y la mejor manera de hacerlo es reivindicando y restituyendo a esa sana clase industrial que se preocupaba por sus obreros y su país, ya que fue excluida y prácticamente aniquilada por los ignominiosos civiles y militares recipiendarios de todos estos saqueos y delitos que denuncio[4].
No solo pido por mi familia (disgregada y arruinada económicamente), pido también por nuestra histórica y sufrida región[5], que ha sido desbastada por ese cierre de 11 ingenios; y que como repito su único fin fue consolidar un oligopolio azucarero liderado por inescrupulosos y asesinos.
Ayúdenos por favor.
Atte.
Manuel García Fernández
D.N.I. 23.239.629
24 de septiembre 675, 1er piso depto C. San Miguel de Tucumán. Tel.: 0381-4213440, 0381-154597930.
MIS ANTECEDENTES
Abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán (año 2000), Presidente del Centro Asturiano de San Miguel de Tucumán, Ex asesor letrado de la Asociación de Prensa de Tucumán, ex colaborador ad honoren de la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán. También he sido honrado representando al Colegio de Abogados de Tucumán en F.A.C.A. por los jóvenes abogados.
Cito como referentes al Vicegobernador de la Provincia Dr. Fernando Juri Riera, a la Diputada Nacional Stella Maris Córdoba a quien he colaborado en algunas oportunidades y al Señor ex Secretario de Derechos Humanos de la Provincia Dr. Bernardo Lobo Bougeau.
Ellos pueden atestiguar junto a otras personas sobre la conducta de nuestra familia y de las verdades históricas que decimos.
Asimismo, hago reserva de seguir aportando documentación, testimonios y demás pruebas que avalan y confirman con excesiva fuerza todo lo que denuncio en este petitorio.
Denuncio domicilio en calle 24 de septiembre 675 1er piso depto. C de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
[1] Transcribo la solicitada de mi abuelo el ingeniero Manuel García Fernández de fecha 29-12-1965, donde se fundaba nuestro derecho: “Como consecuencia del decreto del P.E. número 4216/65, referente a la zafra de 1965, el Banco de la Nación dio una resolución por la cual se establecía que daría a los ingenios hasta pesos 1.390 por tonelada de caña recibida de canieros; pesos 500 por tonelada de caña propia y pesos 663 por tonelada de caña, en concepto de fabricación.
De acuerdo con esas normas, Bella Vista debió recibir una suma superior a pesos 700.000.000. El hecho es que solo recibió del Banco de la Nación pesos 132.000.000, suma muy inferior a la que percibieron otras fabricas con producción mucho menor que la nuestra.
Fueron inútiles mis reiteradas gestiones y reclamos ante altas autoridades nacionales y del Banco, para obtener una suma que, aunque no fuera el máximo obtenible, tuviera relación con nuestras necesidades.
Esta situación nos obligó a malvender azúcar y originó nuestra imposibilidad de seguir pagando a nuestros obreros, empleados y proveedores de caña.
Lo que más afecta a mi espíritu, es que esta arbitrariedad e injusticia se haya realizado bajo un gobierno que lleva como emblema el título de RADICAL”...
[2] Ver el Testimonio del C.P.N. Humberto Medina, en copia del diario El Periódico que se adjunta.
[3] El 10% de lo que se nos conceda como reparación histórica, ya ha sido donado en la parte que nos corresponde a la Orden Salesiana, bajo las condiciones que en su momento se impondrán por nuestra parte. Así se hizo con el mencionado colegio de artes y oficio que fue donado en 1921, donde se solicitaba al donatario (la Orden Salesiana) 25 becas para hijos de obreros del ingenio Bella Vista.
[4] Todos estos delitos continuados que se denuncian, tienen para nosotros carácter de delitos de lesa humanidad, por lo cual dejamos planteada su imprescriptibilidad ante las autoridades de nuestro país. Pero en caso de que semejante inmoralidad y actuar delictivo en contra de nuestra familia y el pueblo en su conjunto se quisieran tapar con el manto de la prescripción liberatoria por parte del Estado, es que requerimos se sancionen las leyes reparadoras históricas, tanto para nuestra familia como para nuestro pueblo.
[5] Adjunto presentación de diciembre del 2005 ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia.
S/D.-
Mi nombre es Manuel García Fernández, tengo 32 años y ejerzo como abogado en la provincia de Tucumán de donde soy oriundo.
Me dirijo a Usted, para ponerlo en conocimiento de la grave injusticia que se cometió y se sigue cometiendo contra mi familia.
Mi bisabuelo Manuel García Fernández fue un inmigrante asturiano que junto a su hermano José fundaron en Tucumán el ingenio azucarero Bella Vista (1882). Desde sus humildes comienzos se preocuparon por el mejoramiento no solo de la industria sino de la condición de sus obreros y tanto es así que en 1921 gracias a la donación que mi bisabuelo y su familia hicieran a la Orden Salesiana, se construyó el monumental colegio “Tulio”, baluarte educativo de nuestra provincia.
Mi abuelo el ingeniero Manuel García Fernández siguió propagando ese capitalismo solidario tanto es así que no solo nuestro país sino España se vio beneficiada por sus donaciones a los mas necesitados.
En el año 1965 bajo el gobierno del Dr. Illia, mi familia tuvo que malvender el 75% del paquete accionario del Ingenio por el ahogo financiero al que se nos sometió. Se nos privó de 718.000.000 pesos m/n que por ley[1] le correspondían a nuestra firma y a los cuatro meses el mismo gobierno por una intervención entregó 1.400.000.000 pesos m/n (casi el doble) a los beneficiarios de nuestra ruina. Dicha ruina llegó también a nuestros obreros (1.176 estables hasta 1965), pues fueron echados unos 600 de golpe por la nueva conducción[2].
Todo esto fue por el solo hecho de negarnos a ser parte de un plan siniestro por el que al año siguiente (1966), el gobierno de facto de Ongania mandó cerrar 11 ingenios en Tucumán, con el consecuente genocidio económico o genoeconomicidio como prefiero llamarlo, que se produjo en Tucumán. Más de 200.000 comprovincianos y norteños tuvieron que marcharse en busca de trabajo, produciéndose un éxodo sin precedentes en nuestra historia.
Se nos discriminó por no querer colaborar con un plan genocida. Desde 1966 Tucumán nunca más volvió a levantar cabeza. Le adjunto un trabajo del Dr. Roberto Pucci donde se describe como operaba el grupo que cerraba ingenios inclusive antes del 66’.
Mi padre Agustín Manuel García Fernández que junto a mi abuelo denunció todo esto, sufrió la persecución de Ongania y salvó su vida gracias a la intervención del Dr. Celestino Gelsi ex gobernador de Tucumán. Le adjunto las dos solicitadas publicadas en los diarios de la época donde se explicaba el ahogo financiero a nuestra firma. Gelsi advirtió a mi padre Agustín que de sacar una solicitada más, los militares lo matarían, y que él había logrado tranquilizarlos diciéndoles que García Fernández se quedaría callado. Mi padre Agustín estuvo escondido 4 días en el departamento de Gelsi de la calle Uriburu y Arenales (Cap. Fed.) y en La Falda (Córdoba) durante 40 días, hasta que el Dr. Gelsi logró apaciguar a los golpistas y garantizar así la vida de mi padre a cambio de su silencio.
En 1975 el propio pueblo de Bella Vista envió un pedido de reparación para la familia del ingeniero García Fernández a la entonces Presidente de la Nación Sra. Estela Martínez de Perón a través del Gobernador de Tucumán Amado Juri. (Se adjunta entre otros documentos, telegrama del Señor Francisco Perdiguero Presidente de la comisión reparadora al mencionado gobernador). Lamentablemente en el 76’ vino el golpe de Estado y nuevamente se nos llamó al silencio junto a nuestro pueblo.
Inclusive hoy en día mi familia sigue engrosando a la lista de “malditas” que el establishment y la intelligentzia reinantes mantienen en contra de los que se atreven a denunciar todos estos crímenes. En 1992 se pagó la suma de 140.282.399 de pesos a los accionistas mayoritarios del ingenio (en liquidación), por un acuerdo transaccional del que mi padre tenedor del 1,34% del paquete accionario no fue parte, ya que decidió no hacer juicio al Estado a diferencia de la firma Gettas-Fiad y nuestros primos los Echayde- García Fernández.
En el propio juicio “Gettas” se dejó hecha la reserva para quien resultara ser tenedor del 1,34% restante, cosa que mi padre hizo presentándose y acreditando ser el dueño de ese porcentaje. Fue en vano, y hasta el día de hoy estamos reclamando ese justo pago con una increíble sentencia de primera instancia en contra que esperamos la Excelentísima Cámara Nacional revoque.
En realidad mi padre es tenedor de más del 1,34% ya que las acciones depositadas por él en el Banco Nación sucursal Tucumán representan mayor porcentaje según nuestros cálculos.
Nunca quisimos cometer cohecho para lograr recibir ese pago, y eso a diferencia de lo que se denuncia a la mayoría de los accionistas es lo que hizo evidentemente que no se nos pagara. Una vez más se nos castigaba por ser honestos y no querer corrompernos ante un gobierno como el que lideró Menen en los 90’.
Solo me queda acudir a Usted Señor Presidente para requerirle nos ayude, escuchándonos con la mayor atención y arbitrando todos los medios que estén a su alcance para que se nos repare moral y económicamente[3]. Hay como Usted dijo que reconstruir la Burguesía Nacional, y la mejor manera de hacerlo es reivindicando y restituyendo a esa sana clase industrial que se preocupaba por sus obreros y su país, ya que fue excluida y prácticamente aniquilada por los ignominiosos civiles y militares recipiendarios de todos estos saqueos y delitos que denuncio[4].
No solo pido por mi familia (disgregada y arruinada económicamente), pido también por nuestra histórica y sufrida región[5], que ha sido desbastada por ese cierre de 11 ingenios; y que como repito su único fin fue consolidar un oligopolio azucarero liderado por inescrupulosos y asesinos.
Ayúdenos por favor.
Atte.
Manuel García Fernández
D.N.I. 23.239.629
24 de septiembre 675, 1er piso depto C. San Miguel de Tucumán. Tel.: 0381-4213440, 0381-154597930.
MIS ANTECEDENTES
Abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán (año 2000), Presidente del Centro Asturiano de San Miguel de Tucumán, Ex asesor letrado de la Asociación de Prensa de Tucumán, ex colaborador ad honoren de la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán. También he sido honrado representando al Colegio de Abogados de Tucumán en F.A.C.A. por los jóvenes abogados.
Cito como referentes al Vicegobernador de la Provincia Dr. Fernando Juri Riera, a la Diputada Nacional Stella Maris Córdoba a quien he colaborado en algunas oportunidades y al Señor ex Secretario de Derechos Humanos de la Provincia Dr. Bernardo Lobo Bougeau.
Ellos pueden atestiguar junto a otras personas sobre la conducta de nuestra familia y de las verdades históricas que decimos.
Asimismo, hago reserva de seguir aportando documentación, testimonios y demás pruebas que avalan y confirman con excesiva fuerza todo lo que denuncio en este petitorio.
Denuncio domicilio en calle 24 de septiembre 675 1er piso depto. C de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
[1] Transcribo la solicitada de mi abuelo el ingeniero Manuel García Fernández de fecha 29-12-1965, donde se fundaba nuestro derecho: “Como consecuencia del decreto del P.E. número 4216/65, referente a la zafra de 1965, el Banco de la Nación dio una resolución por la cual se establecía que daría a los ingenios hasta pesos 1.390 por tonelada de caña recibida de canieros; pesos 500 por tonelada de caña propia y pesos 663 por tonelada de caña, en concepto de fabricación.
De acuerdo con esas normas, Bella Vista debió recibir una suma superior a pesos 700.000.000. El hecho es que solo recibió del Banco de la Nación pesos 132.000.000, suma muy inferior a la que percibieron otras fabricas con producción mucho menor que la nuestra.
Fueron inútiles mis reiteradas gestiones y reclamos ante altas autoridades nacionales y del Banco, para obtener una suma que, aunque no fuera el máximo obtenible, tuviera relación con nuestras necesidades.
Esta situación nos obligó a malvender azúcar y originó nuestra imposibilidad de seguir pagando a nuestros obreros, empleados y proveedores de caña.
Lo que más afecta a mi espíritu, es que esta arbitrariedad e injusticia se haya realizado bajo un gobierno que lleva como emblema el título de RADICAL”...
[2] Ver el Testimonio del C.P.N. Humberto Medina, en copia del diario El Periódico que se adjunta.
[3] El 10% de lo que se nos conceda como reparación histórica, ya ha sido donado en la parte que nos corresponde a la Orden Salesiana, bajo las condiciones que en su momento se impondrán por nuestra parte. Así se hizo con el mencionado colegio de artes y oficio que fue donado en 1921, donde se solicitaba al donatario (la Orden Salesiana) 25 becas para hijos de obreros del ingenio Bella Vista.
[4] Todos estos delitos continuados que se denuncian, tienen para nosotros carácter de delitos de lesa humanidad, por lo cual dejamos planteada su imprescriptibilidad ante las autoridades de nuestro país. Pero en caso de que semejante inmoralidad y actuar delictivo en contra de nuestra familia y el pueblo en su conjunto se quisieran tapar con el manto de la prescripción liberatoria por parte del Estado, es que requerimos se sancionen las leyes reparadoras históricas, tanto para nuestra familia como para nuestro pueblo.
[5] Adjunto presentación de diciembre del 2005 ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia.
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